Los sistemas de IA para el empleo están entre los que más cuesta adaptar a la ley europea

Los programas de inteligencia artificial (IA) que se usan para decidir sobre el trabajo de las personas están entre los que más cuesta adaptar a las reglas europeas. Es una de las conclusiones del primer banco de pruebas de IA de alto riesgo hecho en España, cuyo informe de resultados difundió el 14 de octubre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Un banco de pruebas (en inglés, sandbox) es un espacio en el que varias empresas comprueban, con ayuda de la Administración y de expertos, si sus sistemas cumplen una norma antes de que sea obligatoria. En este caso, la norma es el Reglamento europeo de IA. Esa ley llama «de alto riesgo» a los sistemas a los que pide más controles. Según la guía práctica del propio Gobierno, en el empleo se incluyen, entre otros, los que deciden sobre condiciones de trabajo, ascensos, despidos o reparto de tareas, y también los que evalúan el rendimiento de las personas.

El piloto empezó en abril de 2025 y terminó en junio de 2026. Se presentaron 41 propuestas y se eligieron 12 sistemas. Una empresa se retiró por falta de recursos, así que acabaron 11. Venían de cinco sectores: productos sanitarios, biometría (sistemas que reconocen a las personas por la cara, la voz o la huella), empleo, acceso a servicios y prestaciones, y maquinaria e infraestructuras críticas. En el empleo participaron Adevinta Jobs y la empresa emergente Shakers.

Cada empresa valoró cuánto le costaba cumplir cada requisito de la ley. Los sectores con más dificultades fueron el empleo, la maquinaria y las infraestructuras críticas. Lo que más costó fue lo relacionado con los datos, la precisión y la robustez, es decir, que el sistema funcione bien aunque cambien las condiciones. También la ciberseguridad y la gestión de riesgos. El sector pesó más que el tamaño de la empresa: las diferencias por tamaño no fueron claras, aunque las empresas emergentes declararon algo más de dificultad.

La conclusión principal del informe es que lo que más costó fue convertir las obligaciones en procedimientos internos, documentos y controles que funcionen en el día a día, más que entenderlas. Las dudas se concentraron en los datos, la gestión de riesgos y la supervisión humana.

Esa supervisión humana afecta directamente a quien trabaja en selección y recursos humanos. Según la guía práctica del Gobierno, la empresa que usa un sistema de alto riesgo tiene que encargar su vigilancia a personas con la competencia, la formación y la autoridad necesarias. Los cambios afectan también a quien desarrolla estos programas o se ocupa de que la empresa cumpla la ley, y a quien busca empleo o es evaluado en su trabajo. Mientras tanto, el Reglamento europeo de protección de datos ya permite pedir a una empresa que una persona revise una decisión importante tomada solo por un programa, según el modelo de escrito de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Hay tiempo para prepararse. Tras una reforma europea conocida como Ómnibus digital, las obligaciones principales para estos sistemas se aplicarán desde el 2 de diciembre de 2027, según la revista Economist & Jurist. La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) ya ha publicado 16 guías gratuitas para cumplirlas. Actualizó casi todas en julio de 2026.

El informe recoge lo que las propias 11 participantes contaron de su experiencia, así que sirve para ver dónde están los atascos, pero no representa a todas las empresas que usan IA en España.